En la actualidad, muchas empresas están aprovechando la crisis económica para despedir a trabajadores utilizando los Expedientes de Regulación de Empleo –ERE-, que son un procedimiento legal que permite a una empresa en crisis obtener permiso de la autoridad competente para suspender temporalmente o despedir de forma definitiva a sus trabajadores por causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o por extinción de la personalidad jurídica del contratante.
Un ERE consta de tres fases. En la primera la empresa y los trabajadores negocian los términos del expediente. Oficialmente, cada trabajador tiene derecho a recibir una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades pero la mayor parte de los empresarios negocian al alza esa indemnización, sobre todo si los motivos para solicitarlo no están muy claros y pueden caer en despidos improcedentes. La segunda fase es cuando se produce la solicitud del ERE a la autoridad competente, que tiene 15 días para resolver, y la tercera, la resolución.
Dentro de lo negativo que es entrar en un ERE, este sistema garantiza una serie de derechos a los trabajadores. Por ejemplo, aquellas personas que tienen reducción de jornada pueden entrar igual en el ERE pero tanto la indemnización como el cobro del paro se calculan como si fuera jornada completa.
